Mas de 150.000 ciudadanos son elegidos cada cuatro años para gobernar pueblos, villas o ciudades españolas. Todo comenzó el 3 de abril del no tan lejano 1979, ese día y tras cuarenta años de gobiernos locales autocráticos, los ciudadanos recuperamos nuestro derecho a votar a los vecinos que estimábamos más convenientes para conducir adecuadamente los intereses locales.
Es innegable la transformación que han tenido pueblos y ciudades en poco más de 25 años de democracia municipal: decisiones democráticas, control de los alcaldes y equipos de gobierno por la oposición, creación de innumerables servicios hasta entonces inexistentes, etc... En este periodo de tiempo, algunos errores se han detectado en el ámbito local: el transfugismo ha empañado el buen hacer mayoritario de alcaldes y concejales. A pesar del tiempo transcurrido, poco o nada se ha legislado para tratar de corregirlo, solamente declaraciones de buenas intenciones entre partidos incumplidas en la mayoría de los casos.
La financiación municipal sigue siendo el principal escollo para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. La segunda descentralización no llega nunca (de Comunidades Autónomas a Ayuntamientos) y son una buena parte del problema que abordaremos a continuación. Nuevos servicios que prestan los municipios en primera instancia como el medio ambiente, la educación, las infraestructuras y más recientemente la inmigración, no son acompañados por el necesario presupuesto.
En los últimos meses en nuestro país, una creciente ola de descrédito invade a los 8600 ayuntamientos. Municipios costeros pero también del interior, se ven salpicados por decisiones en materia urbanística más que discutible, y en algunos de los casos totalmente irregulares. Queremos recordar desde la Asociación de Exconcejales Democráticos, que son las Comunidades Autónomas las competentes para aprobar o no los planes generales o sus modificaciones. Entendemos que son casos aislados. Para corregir o enmendar las desmesuras urbanísticas se ve más que necesaria la modificación de la actual Ley del Suelo. También existen acuerdos o actos que se salen de la legalidad, para estos pedimos que el peso de la ley recaiga sobre sus autores, más no es justo que la sombra de la sospecha sea generalizada. Creemos que la joven democracia española, ha ido y va por buen camino, y defendemos el buen hacer y la honestidad de los elegidos.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el ánimo de mejorar la situación actual proponemos lo siguiente:
a) Modificación
de la Ley Electoral, exigiendo 2/3 de la corporación para sustituir al
alcalde modificando el actual procedimiento de mayoría. Con esta medida
desaparecería el 80% del transfuguismo.
b) Adecuada
financiación de las corporaciones locales, poniendo en marcha la tantas
veces anunciada segunda descentralización, cubriendo con economías suficientes
tanto los servicios que por Ley prestan los ayuntamientos, como otros nuevos
servicios que demandan los ciudadanos.
c) Modificación
de la Ley del Suelo, que permita por una parte el lógico desarrollo
urbanístico de pueblos y ciudades y evite de una manera clara y concisa lo no
previsto en la Ley.
En Zaragoza, a 23 de enero de 2007
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